RAFEL
MONTANER | Valencia | Viernes 16 de enero de 2009 |
La ley obliga a la alcaldesa a autorizar la petición de exhumaciones
Las familias de cualquier difunto enterrado en alguno de los
siete cementerios de Valencia que quieren trasladar los restos
de su ser querido a otra tumba o camposanto sólo tienen que
solicitarlo al Negociado de Cementerios del Ayuntamiento de
Valencia. El traslado de restos cadavéricos es una práctica
frecuente. Sin embargo, la cosa cambia si dicha petición a hacen
los hijos de dos víctimas del franquismo sepultadas en la fosa
común del antigua necrópolis civil del Cementerio General de
Valencia, ya que la alcaldesa Rita Barberá ha anunciado que les
obligará a acudir a los juzgados.
Esta diferente vara de medir de Barberá, que
obvia que la propia Ordenanza de Cementerios y Servicios
Funerarios Municipales del Ayuntamiento de Valencia y el
Reglamento autonómica de policía sanitaria mortuoria obligan a
la alcaldía a autorizar los traslados, fue expresada por la
alcaldesa el miércoles. Al ser preguntada por las peticiones de
los hijos de dos víctimas de la dictadura de exhumar los restos
de sus padres enterrados en la fosa común de la Sección 4ª
Izquierda del Cementerio General, respondió: “puede pedir todo
el mundo lo que quiera, ya dirá el juez”.
Trato discriminatorio
Este trato discriminatorio de la alcaldesa
para con las víctimas de la dictadura ha sorprendido al forense
Manuel Polo, director del grupo Paleolab, el único equipo
especializado en arqueología funeraria de la Comunitat y al que
las familias de represaliados han encargado que acometa la
recuperación de los restos. Polo, que no conoce ningún caso en
que los familiares hayan tenido que ir a un juzgado para pedir
un traslado de restos, señala que lo “único que conseguirá la
alcaldesa será dilatar las cosas”.
El antiguo maquis Pedro Alcorisa, de 88 años,
y su hermana Pilar quieren llevarse los restos de su padre,
Teófilo Alcorisa, a un nicho del cementerio de Burjassot donde
yace su madre. Los descendientes de Joaquín Alcorisa, quieren
saber si el hombre no identificado que hay en la misma fosa es
el de su familiar. Todo coincide, tanto la edad del finado, como
la fecha de la anónima inhumación, que concuerda con la de la
desaparición de Joaquín cuando estaba detenido Arrancapins. Si
las pruebas de ADN para las que han pedido la financiación del
Gobierno logran identifica dichos restos como los de su padre,
quieren trasladarlos al cementerio de Higueruelas. Ambas
familias solicitan 25.000 euros de las ayudas de la Ley de
Memoria Histórica para la búsqueda de desaparecidos.
El único requisito que establece la ordenanza
municipal para las fosas es que si se tienen que exhumar varios
cadáveres para trasladar uno de ellos, el solicitante del
servicio “deberá reponer las cajas de aquellos que lo precisen”.
Polo, añade que al tratarse de una fosa la intervención debe
hacerla un equipo especializado como el suyo “puesto que sólo
las técnicas arqueológicas y de recuperación estratigráfica
garantizan la separación de los diferentes cadáveres”. Los
lugares en los que yacen ambas víctimas están identificados en
el Libro de Registro, uno tiene dos cuerpos encima y el otro
tres.
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