LA CAUSA GENERAL

La instrucción de la Causa General fue el instrumento más decisivo en el intento de dotar de legitimidad al gobierno rebelde mediante la criminalización de la República. Ya se advierte en el preámbulo del Decreto de 26 de abril de 1940. El objetivo, encomendado al Ministerio Fiscal, es un modo más de pretender justificar la subversión armada. “Poseer una acabada y completa información de la criminalidad habida bajo el dominio marxista”. Y el medio empleado se describe claramente en el artículo Primero de dicho Decreto que ordena la instrucción de la Causa General “en la que se reúnan las pruebas de los hechos delictivos cometidos en todo el territorio nacional durante la dominación roja…”. Otro dato significativo es encomendar esta tarea al Fiscal del Tribunal Supremo y a los que de él dependen, como forma de garantizar la absoluta complicidad con los rebeldes de un órgano esencial de la Administración de Justicia.

Como ya es sabido, el resultado de dicha investigación fueron once Piezas que abarcaban todos los aspectos de lo que se entendía como “delincuencia marxista en todo el territorio español”. Aquí nos interesa destacar la Pieza Quinta, titulada “Justicia Roja”, “sobre la constitución y actuación de los Tribunales Populares Especiales de la rebelión, de guardia y de urgencia, y de la depuración y represión de los funcionarios de justicia. La Pieza se basaba en la documentación judicial procedente de los Tribunales Populares y, juntamente, con las causas judiciales, sentencias y ejecución de las penas impuestas, se ocupaba de los funcionarios que formaron los tribunales y trabajaron en ellos. Según la citada Pieza figuraban como “acusados” 18 personas “supuestamente colaboradoras con el Gobierno Republicano”, respecto de las que constan en las investigaciones históricas realizadas los siguientes datos: “Jueces, como el de Instrucción de Chinchón, Jesús Muñoz y Núñez de Prado eran acusados de haber mantenido una «actitud puramente pasiva» ante los «desmanes cometidos por la horda roja»”. Sobre otros pesaban imputaciones teóricamente más sólidas por haber ocupado cargos importantes en la zona roja durante la Guerra. Así ocurrió con los Jueces Francisco Javier Elola, Demófilo de Buen Lozano o Mariano Gómez González. Los funcionarios judiciales más perseguidos fueron aquellos que intervinieron en tribunales populares y jurados de urgencia. Ahora bien, al concluir la guerra todos ellos estaban virtualmente condenados a muerte, por lo tanto, “el único camino que les quedaba para eludir su trágico final era la huída al extranjero si es que aún no lo habían hecho”.