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MONTANER | Valencia | Jueves 12 de marzo de 2009 |
La sobrina del maquis Manuel Torres rechaza la excavación y dice que deben seguir juntos
Sebastiana Ortega Torres, sobrina del guerrillero Manuel Torres Hervás, una
de las ocho víctimas del franquismo enterradas en la fosa común
del cementerio municipal de Benagéber rechaza que se exhumen los
restos de esta tumba. La fosa guarda los cuerpos de tres maquis
y cinco trabajadores de las obras del pantano que fueron
asesinados por la Guardia Civil en una operación de castigo
contra la guerrilla en marzo de 1947. Una agrupación de
familiares, constituida por cuatro hijos de tres de los
represaliados, acaba de solicitar al ayuntamiento que autorice
la excavación para poder recuperar los restos de sus allegados
en base a la Ley de Memoria Histórica.
La sobrina de Torres, hija de la hermana de
este maquis natural de Vilches (Jaén), esta representada por el
Equipo Nizkor, una organización internacional de defensa de los
Derechos Humanos. El equipo Nizkor ha enviado un escrito al
alcalde de Benagéber en el que se opone “a que se realice
cualquier desenterramiento o exhumación en la mencionada fosa”.
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Fosa común. Imagen de la fosa común del cementerio municipal de Benagéber
con los cuatro enterramientos dobles y la placa que recuerda a los ocho
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Sebastiana, que vive en Madrid, explica por
teléfono que piensa “igual que la sobrina de García Lorca -que
también rechaza que se abra la fosa donde supuestamente esta
enterrado el poeta-, y no quiero que lo saquen de donde lo
enterraron: los mataron juntos y deben permanecer juntos”.
La Ley de Memoria Histórica establece que las
exhumaciones de desaparecidos se realizarán a instancia de los
familiares directos, además de regular que las excavaciones se
someterán a autorización administrativa por parte de la
autoridad competente, en este caso el ayuntamiento al tratarse
de un cementerio municipal.
En esta autorización, añade la normativa,
“deberá ponderarse la existencia de oposición por cualquiera de
los descendientes directos de las personas cuyos restos deban
ser trasladados”.
Sebastiana, que afirma “respetar el
sufrimiento de las otras familias”, exige que si al final no
puede impedir las exhumaciones, éstas “se hagan ante un juez que
investigue un crimen que no ha prescrito”. Gregorio Dionis,
presidente de Nizkor, destaca que “las ejecuciones
extrajudiciales cometidas por un régimen ilegal como fue el
franquismo han sido calificadas por el Comité de Derechos
Humanos de la ONU como crímenes contra la Humanidad y por tanto
se trata de un delito que no prescribe nunca”.
Dionis señala que la Ley de Memoria, al
tratar a los desaparecidos “como restos arqueológicos” y
permitir que las exhumaciones se hagan sin la tutela judicial
facilita “que se rompa la cadena de pruebas de los crímenes del
franquismo”. Así pues, Nizkor exige que la fosa se abra bajo una
“investigación judicial que identifique a los responsables de
estos asesinatos”.
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